Bajo sospecha

Las denuncias sobre la actuación de García Luna y sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa vienen de mucho tiempo atrás.

El respaldo público ofrecido por Felipe Calderón a su muy criticado Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha generado una oleada de censuras de todos los frentes políticos; desde el PRD y el PRI hasta la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que dirige Manuel Espino.

El problema de fondo no es la opinión -buena, mala o regular- que se tenga sobre el funcionario, sino las consecuencias que sobre la seguridad nacional y el combate al crimen organizado han tenido las infidelidades con el narco de algunos de los más cercanos colaboradores de García Luna.

El Secretario no ha dudado en mentir reiteradamente a fin de proteger a colaboradores suyos involucrados en hechos tan graves como el secuestro y asesinato de Fernando Martí, ni tampoco ha dejado de utilizar para sus fines a organizaciones presuntamente de la sociedad civil como México Unido contra la Delincuencia, que dirige María Elena Morera, una de las agrupaciones convocantes a las manifestaciones en favor de la seguridad pública.

Es decir, por intermedio de Morera la propia SSP ha financiado la organización de algunas de esas manifestaciones, donde las justas reclamaciones de la sociedad civil se han diluido de modo deliberado con frases vacías de contenido y en las que se evitan las críticas al gobierno y a los responsables de la seguridad pública.

Las denuncias sobre la actuación de García Luna y sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa vienen de mucho tiempo atrás, y provienen de muchas fuentes y testimonios.

Alguien que supuso equivocadamente que al denunciar al funcionario le hacía un favor al país y al gobierno federal fue el excomandante de Control Regional de la PFP, Javier Herrera Valles, quien dirigió al menos dos cartas al presidente Calderón para advertirle que “Al inicio de su mandato constitucional, en diciembre del 2006 nombra como Secretario de Seguridad Pública al Ing.

Genaro García Luna, quien el sexenio pasado fungió como director de la Agencia Federal de Investigaciones, la cual creo en el año del 2001 con la complacencia del entonces presidente Vicente Fox Quesada (posiblemente engañado), vendiéndole la idea de que la Policía Judicial Federal necesitaba desaparecer y crear la Agencia Federal de Investigaciones con una nueva imagen de Policía Científica, encargada de combatir la delincuencia organizada misma que no pudo contener, sino al contrario se fortaleció e incrementó el narco menudeo en nuestro país…”.

La Presidencia de la República jamás dio respuesta a las misivas, sino que las turnó al propio acusado, quien a partir de entonces comenzó a organizar un plan para destituir a Herrera Valles y acusarlo de colaborar con la delincuencia organizada.

El denunciante fue apresado acusado de lo mismo que él acusaba a García Luna, y ayer fue internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, con lo que se concretó la venganza del Secretario.

Por lo visto sólo Calderón cree que un funcionario que ha tenido a más de media docena de sus principales colaboradores arraigados por vínculos con el crimen organizado está libre de toda sospecha.

Para él las acusaciones y las críticas al funcionario son producto de un “enfoque equivocado de parte de lpos medios de comunicación”, pues si hubiese la menor sombra de duda sobre su actuación “no hubiera sido llamado a la Secretaría”.

El problema es que García Luna ejerce una influencia notable sobre Calderón, y éste no parece tener más fuentes de información sobre los antecedentes y la actuación de su colaborador que el propio García Luna.

Sin embargo, los miles de muertos que se han contabilizado en lo que va del año son la mejor demostración de que García Luna es un funcionario absolutamente incompetente y a quien le tiene sin cuidado la imparable violencia que se abate sobre el país.

Además, hace algunas semanas se filtró en algunos medios nacionales la especie de que el secretario había sido detenido por un comando de sicarios que viajaban en 10 suburbans blindadas en una autopista de Morelos; sus guardaespaldas -casi una treintena- habían sido desarmados y él mismo advertido de que no había cumplido aún con lo pactado.

Lo cierto es que el espaldarazo de Calderón no tiene justificación alguna, pues las sospechas sobre su colaborador no han desaparecido y vienen de mucho tiempo atrás.

En todo caso con ello se evidencia que Calderón, como se evidenció con la muerte de Mouriño, tiene afectos por encima de la racionalidad y de la contundencia de los hechos.

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