Cazador cazado

El caso de Félix Batista, asesor en materia de secuestros de origen cubano pero radicado en EU, se torna cada vez más nebuloso

El caso de Félix Batista, asesor en materia de secuestros de origen cubano pero radicado en EU, se torna cada vez más nebuloso pues de acuerdo al procurador Jesús Torres Charles, no hay seguridad alguna de que haya sido secuestrado ni tampoco de que haya sido agente del FBI o del Ejército de EU, como se ha publicado en algunos medios.

Algún periódico de Saltillo ha especulado incluso con la idea de que Batista se haya entregado a sus secuestradores ya que podría encontrarse en medio de una negociación.

Sin embargo, la Procuraduría sostiene que no hay indicios de que dicha persona haya sido secuestrada, ni tampoco se ha presentado denuncia alguna por su desa-parición.

Cabe subrayar la información según la cual Batista jamás ha pertenecido al FBI, pues al difundirse esa versión su vida podría correr grave peligro.

La empresa para la que trabaja en EU ha sido muy enfática al respecto.

Charles LeBlanc, presidente de ASI Global, la empresa para la que labora declaraba preo-cupado ayer que “Félix nunca ha sido un agente del FBI.

Los irresponsables reportes de la prensa podrían representar una verdadera amenaza para la vida de Félix y la segura resolución de este asunto, y debe ser corregido”.

El pasado 10 de diciembre, tras impartir algunas pláticas relacionadas con su especialidad, tanto a empresarios de la región sureste como a las autoridades policiacas locales, Batista fue a comer al restaurante El Mesón del Principal, en Saltillo.

Lo último que se sabe es que tras recibir varias llamadas por celular, salir y volver a entrar para dejar sus pertenencias sobre la mesa, fue al encuentro de un grupo de entre seis o siete desconocidos quienes se lo llevaron a bordo de una camioneta color blanco, al parecer una Cherokee de reciente modelo. Eso fue lo último que se supo del asesor desa-parecido.

Lo cierto es que el extraño hecho de su desaparición ha dado la vuelta al mundo, pero nadie sabe a ciencia cierta qué pudo haber ocurrido con él.

Crímenes olvidados

De los que ya nadie se acuerda es de los 35 policías preventivos que fueron detenidos a raíz del enfrentamiento con elementos de la Federal Preventiva, y menos aún del agente que fue arteramente asesinado y en cuyo sepelio no se hizo presente ninguna autoridad, con lo cual convalidaron -sin tener base alguna para ello- la versión dada por los propios agresores, es decir los federales, de que el occiso y sus demás compañeros estaban vinculados con la delincuencia organizada.

Lo cierto es que los abogados defensores no pudieron evitar que el juez de la causa los declarara formalmente presos, pero se sabe que ya cobraron sus honorarios o al menos parte de éstos.

En el medio judicial se habla de que el recibo que presentaron al Ayuntamiento fue por 4 millones de pesos, que es una cantidad a todas luces exorbitante, sobre todo a la luz de los magros resultados que han tenido como defensa.

Como todavía no hay sentencia su calidad de inocentes sigue en principio vigente, y por ello deben seguir recibiendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones que estaban recibiendo en la corporación.

Media docena de esos elementos optaron, sin embargo, por los servicios de un abogado particular que -ojo- se ha especializado en defender a puchadores.

Por lo demás, el municipio ha optado por guardar un silencio comprometedor ante el crimen brutal del agente preventivo.

En tanto que la Procuraduría de Justicia no ha hecho absolutamente nada para esclarecer los hechos y castigar al asesino.

Todo indica que el cobarde homicidio habrá de quedar impune, con la complacencia de las autoridades municipales y de la Procuraduría.

Los legisladores locales debieran reformar el Código Penal para castigar con mayor severidad los delitos contra servidores públicos, pero en particular el asesinato de cualquier policía -ministerial, estatal o preventivo-, así como también castigar con rigor extremo al policía que esté vinculado con el crimen organizado.

Pero dicha tarea será de la entrante legislatura ya que la actual, la 57, terminó su periodo aprobando la iniciativa al Congreso de la Unión de castigar con la pena de muerte a los secuestradores que mutilen o maten a sus víctimas, y 21 nuevos fiats notariales .

comarca1234@gmail.com

http://www.milenio.com/node/133972