Un deshonroso primer lugar

De acuerdo a la Procuraduría de Justicia se han cometido en la entidad apenas 24 secuestros en lo que va del año.

No representa novedad alguna el hecho de que Torreón esté a la vanguardia en el Estado en cuanto a secuestros se refiere, tal como lo ha reconocido la propia Procuraduría de Justicia, a cargo de Jesús Torres Charles, sin embargo real su número es mucho mayor al que reconocen las autoridades.

Hace unas semanas el presidente de la Cámara de Comercio, Ricardo González, advertía que en el lapso de los últimos 4 meses más de 100 personas habían sido ‘levantadas’ en la Comarca, aunque nadie había presentado denuncia ante la autoridad competente.

Aunque el dato ciertamente pudiera antojarse subjetivo e impreciso, por obvias razones, no deja de ser revelador del clima de inseguridad que se tiene en la región y que ha obligado a un número creciente de familias a abandonarla; la mayor parte ha optado por irse a vivir a Estados Unidos pues en las entidades circundantes, Chihuahua, Durango y Nuevo León, la situación de violencia e inseguridad es mucho peor a la que se tiene en La Laguna

De acuerdo a la Procuraduría de Justicia se han cometido en la entidad apenas 24 secuestros en lo que va del año, 20 de los cuales, es decir el 83 por ciento, se han perpetrado en Torreón.

No obstante, el número real es mucho mayor pues a tal punto ha crecido este delito que se ha vuelto un fenómeno común en nuestra sociedad, del que poco o nada se dice en los medios de comunicación pero que ha afectado a decenas de familias tan sólo en lo que va del año.

Y las víctimas no se han reducido al sector empresarial, pues también ha habido estudiantes, profesionistas, notarios, abogados, comerciantes y ganaderos que han sido levantados por células de sicarios.

Algunos han podido lograr su liberación en poco tiempo, pero otros en cambio continúan en poder de sus captores.

El miedo que invade a las familias de las víctimas y las constantes amenazas de las que son objeto por parte de los plagiarios hacen que sea del todo utópico esperar de ellas una denuncia, es por ello que la contabilidad de la Procuraduría en torno de este delito está -y ha estado siempre- subvaluada.

El temor de las familias está plenamente justificado pues son innumerables los ejemplos que se tienen de la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas de todos los niveles.

Si bien es cierto que la autoridad legalmente no tiene otra forma de actuar en estos casos si no es mediante la presentación formal de la denuncia correspondiente, la autoridad debiera adecuarse a las circunstancias a fin de dar confianza a las familias de las víctimas, pues sin esa confianza no habrá posibilidades reales de que la denuncia logre presentarse.

Pero además, el que las familias no denuncien por temor a represalias no impide que la Procuraduría implemente una campaña intensiva de prevención e información sobre el secuestro, y mucho menos que difunda los números telefónicos en los que se reciben denuncias anónimas.

De hecho, los casos de éxito que se han tenido en la región han sido en buena medida gracias a la denuncia anónima, lo cual habría ido en abono directo de la confianza de la ciudadanía pero una golondrina no hace verano; es decir, los casos de éxito en la lucha contra el secuestro como efecto de la denuncia anónima deberían haberse publicitado con más insistencia entre la población, a fin de generar en ella un ambiente de mayor confianza de que su denuncia será atendida no sólo con la urgencia que demanda cada caso, sino con absoluta confidencialidad.

Es mucho lo que aún puede hacerse al respecto, pues este delito, que puede considerarse de los de mayor impacto social, han crecido de modo alarmante en la región sin que las autoridades traten siquiera de prevenir a la población de cómo evitar el ser víctima de secuestro.

Es urgente que los legisladores reformen el Código Penal a fin de dar celeridad a las denuncias y para que pueda integrarse una sección especial de agentes ministeriales altamente capacitados en este tipo de delitos, los que tendrían que guardar celosamente su identidad dadas las traumáticas experiencias que al respecto se han tenido con los anteriores responsables.

Sin embargo, el primer paso debiera ser crear confianza en la población, lo que sin embargo es lo más difícil de lograr.

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